El gobierno uruguayo eliminó el término «terrorismo de Estado» de las escuelas del país para hablar de la última dictadura cívico-militar. La medida desató una ola de repudios por el avance del discurso negacionista y la queja de los gremios docentes. En 2022 había ocurrido algo similar, pero el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou dio marcha atrás.
La medida fue anunciada días atrás y salió a la luz cuando la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) denunció que en el nuevo programa de estudios para Primer año de Educación Media Superior se eliminaba el concepto «terrorismo de Estado» para hablar sobre las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones por parte de las fuerzas estatales.
«No es un cambio inocente»
En lugar de eso el gobierno de derecha de Lacalle Pou, que asumió bajo el paraguas del Partido Blanco, propone hablar en un tono liviano de la «suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos» para hablar de los 12 años de dictadura (entre 1973 y 1985), donde desaparecieron 197 personas y miles debieron exiliarse.
Ante este cambio drástico en los programas educativos, los docentes informaron que «no es inocente», sino que busca profundizar el discurso negacionista en el país. De hecho, desde la APHU recordaron que en 2022 el gobierno uruguayo eliminó ya este termino pero tras la misma discusión las autoridades dieron marcha atrás.
«Tal como lo hizo en 2022, la Comisión Directiva entiende fundamental denunciar estas modificaciones en los nuevos programas de historia, que configuran intervenciones de carácter político e ideológico», dijo la organización docente. En un duro comunicado la APHU expresó su condena a estas decisiones «que una vez más afectan el abordaje del pasado reciente, alejando los contenidos de los programas de la producción historiográfica nacional e internacional, y que, en última instancia, lesionan la condición laica y científica de la enseñanza de la historia».
Los docentes también criticaron la introducción en el programa de un contenido con el nombre «los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos», alegando que la afirmación «carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía».
A diferencia de 2022, en esta ocasión la medida se concretó sin que el profesorado de historia se enterara. Si bien los docentes indicaron que el nuevo concepto aparecía en una versión preliminar aprobada en noviembre, luego había sido eliminado del programa definitivo, que días antes del inicio de las clases fue oficializado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Autoridades uruguayas negaron que la medida busque «ocultar el terrorismo de Estado», sino que apunta a que se proteja el derecho a la verdad. Juan Gabito, representante del Consejo Directivo de ANEP por parte del Partido Nacional, dijo en declaraciones al Canal 12 que el objetivo es que el terrorismo de Estado se inscriba «en una realidad social, política e histórica más amplia», y argumentó que la propuesta de los docentes era «parcial e incompleta».
FUENTE: Página12
