El proyecto de ley será presentado por el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado para «fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la función pública».
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de ley que presentará Schipani tiene como objetivo principal «promover la transparencia, la responsabilidad fiscal y la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública», y para ello propone establecer «como requisito obligatorio la presentación de certificados que acrediten estar al día con las obligaciones tributarias y contributivas por parte de quienes ocupan cargos políticos o de particular confianza».
Esto se apoya en lo que el diputado del Partido Colorado señala como una exigencia de la ciudadanía de que los funcionarios públicos y quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran recursos públicos «cumplan sus deberes como contribuyentes».
«No es admisible que se legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones básicas para con el país. Esta ley apunta, por tanto, a garantizar una coherencia mínima entre la responsabilidad pública que se asume y el cumplimiento de las obligaciones personales con el Estado», expresa el texto.
La medida que figura en el Proyecto de Ley del Partido Colorado abarcará a «toda persona que asuma un cargo político o de particular confianza en cualquier organismo del Estado, Administración Central, Poder Judicial, Poder Legislativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Personas Públicas No Estatales»; y supone la obligatoriedad de presentar dentro de los primeros 60 días tras la asunción certificados de acrediten no tener deudas exigibles con la DGI, el BPS y las administraciones departamentales.
En caso de no cumplir el requisito, el proyecto presentado por el Diputado del Partido Colorado establece una sanción clara en la retención de haberes, lo que otorga a la ley carácter operativo y efectivo, evitando que se convierta en una mera declaración sin consecuencias prácticas. Mas no propone el desplazamiento del cargo de quien esté en incumplimiento.
Por otra parte, aclara que «quienes se encuentren en proceso de regularización de deudas mediante convenios vigentes y al día con los pagos correspondientes podrán acreditar dicha circunstancia mediante constancia emitida por los organismos respectivos, la cual se considerará equivalente al certificado de libre de deuda».
El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su aprobación.
«En un contexto de desconfianza hacia la política, esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento», argumentó Schipani, Diputado del Partido Colorado.
