Orsi prefiere las declaraciones juradas para "evitar cacerías"

Orsi se inclinó por mantener la presentación de declaraciones juradas, ya que otra iniciativa podría convertirse en «cacería» si se aplica incorrectamente.

El presidente Yamandú Orsi se refirió al proyecto de ley que presentará el diputado Felipe Schipani, el cual propone la obligatoriedad para funcionarios públicos de presentar un certificado de libre deuda, y si bien señaló que podría ser una medida válida, alertó: “Ojo con que se nos vaya la mano”.

Tras los polémicos casos de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Cecilia Cairo, y del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim —en los que ambos presentaron irregularidades impositivas y deudas con el fisco relacionadas a sus propiedades—; el nivel de cumplimiento de los funcionarios públicos fue puesto sobre la mesa, y el diputado colorado Schipani recogió el reclamo tanto político como ciudadano para elaborar una iniciativa que apunte a mejorar la «transparencia» y la «responsabilidad fiscal» en los ámbitos de decisión.

Consultado al respecto, el presidente Orsi dijo no saber si es necesario avanzar hasta tal punto, considerando que «están las declaraciones juradas». «No estoy en desacuerdo, pero capaz que si lo analizamos nos convencen porque también es cierto que somos ciudadanos comunes, que podemos tener deudas”, añadió en rueda de prensa en Chuy.

En ese sentido, sobre la idea de «libre de deudas», advirtió Orsi: “Ojo con que se nos vaya la mano. No me disgusta la idea, el tema es que si lo aplicamos de manera incorrecta se transforma en una cacería”.

Particularmente sobre los casos de Cairo y Arim —que se conocieron con apenas tres semanas de diferencia—, sostuvo que la ciudadanía no elige a los gobernantes “de una élite”, sino “a gente común”. «A veces, algunas personas que tienen responsabilidades, a veces tuvieron dificultades», apuntó Orsi.

¿Qué propone el proyecto de ley que presentará Schipani?

El proyecto de ley que presentará Schipani tiene como objetivo principal «promover la transparencia, la responsabilidad fiscal y la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública», y para ello propone establecer «como requisito obligatorio la presentación de certificados que acrediten estar al día con las obligaciones tributarias y contributivas por parte de quienes ocupan cargos políticos o de particular confianza».

Esto se apoya en lo que el diputado Schipani señala como una exigencia de la ciudadanía de que los funcionarios públicos y quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran recursos públicos «cumplan sus deberes como contribuyentes».

«No es admisible que se legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones básicas para con el país. Esta ley apunta, por tanto, a garantizar una coherencia mínima entre la responsabilidad pública que se asume y el cumplimiento de las obligaciones personales con el Estado», expresa el texto de Schipani.

La medida abarcará a «toda persona que asuma un cargo político o de particular confianza en cualquier organismo del Estado, Administración Central, Poder Judicial, Poder Legislativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Personas Públicas No Estatales»; y supone la obligatoriedad de presentar dentro de los primeros 60 días tras la asunción certificados de acrediten no tener deudas exigibles con la DGI, el BPS y las administraciones departamentales.

En caso de no cumplir el requisito, el proyecto de Schipani establece una sanción clara en la retención de haberes, lo que otorga a la ley carácter operativo y efectivo, evitando que se convierta en una mera declaración sin consecuencias prácticas. Mas no propone el desplazamiento del cargo de quien esté en incumplimiento.

Por otra parte, aclara que «quienes se encuentren en proceso de regularización de deudas mediante convenios vigentes y al día con los pagos correspondientes podrán acreditar dicha circunstancia mediante constancia emitida por los organismos respectivos, la cual se considerará equivalente al certificado de libre de deuda».

El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su aprobación.

Fuente Ámbito