Senador Rubén Dal Molín:
Usted afirmó que “seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema”. Lo dijo para defender el proyecto impulsado por el Gobierno provincial y para justificar la necesidad de modificar las reglas jubilatorias de miles de entrerrianos.
Por UCR Activa
Pero mientras sostenía públicamente que el sistema estaba en jaque, usted inició su propio trámite jubilatorio bajo el régimen vigente. Mientras hablaba de sustentabilidad, intentaba acogerse a las condiciones actuales. Mientras pedía sacrificios a trabajadores activos y jubilados, usted procuraba resguardar su propia situación previsional. Esa contradicción no puede explicarse como un simple “error de oportunidad”. Es una falta ética de gravedad institucional.
Usted no era un ciudadano más iniciando un expediente ante la Caja. Era un senador provincial, presidente del bloque oficialista y uno de los principales defensores legislativos de la reforma previsional del Poder Ejecutivo. Conocía el proyecto, sus fundamentos, sus tiempos y sus consecuencias. Incluso solicitó el tratamiento preferencial de los dictámenes para acelerar su discusión en el Senado. Por eso, su trámite jubilatorio no puede analizarse como un acto administrativo aislado. Debe analizarse en su verdadero contexto: el de un legislador que participaba activamente en la modificación de las reglas previsionales mientras intentaba resolver su situación personal bajo el régimen vigente.
El retiro posterior del expediente no borra la conducta. Sólo confirma que el trámite existió y que se volvió políticamente insostenible cuando tomó estado público. Su disculpa tampoco alcanza, porque no despeja la pregunta central que hoy se hace la sociedad: ¿hubiera retirado usted su pedido si nadie se enteraba?
Corresponde, además, investigar si existió uso de información institucional anticipada, privilegiada o reservada. Si un legislador accede por su cargo a información sobre una reforma previsional e inicia un trámite personal en medio de ese proceso, la sospecha no puede descartarse livianamente.
Pero aun antes de cualquier definición judicial, la responsabilidad política y moral es evidente. La Constitución de Entre Ríos exige a los funcionarios públicos probidad, rectitud, prudencia, transparencia y servicio exclusivo a los intereses del pueblo. Usted hizo lo contrario de lo que exigía la prudencia institucional. No se apartó del debate pese a tener un interés personal directo en el sistema previsional. No esperó. No preservó la confianza pública. No dio el ejemplo que corresponde a quien pretende reformar derechos de miles de entrerrianos.
La historia radical ofrece otro espejo. Elpidio González rechazó una pensión vitalicia que la ley le otorgaba. Entendía la función pública como servicio, no como privilegio. Usted, en cambio, defendía una reforma diciendo que el sistema estaba en jaque mientras intentaba jubilarse bajo ese mismo sistema. Por eso, las disculpas no alcanzan. Quien puso en jaque su autoridad moral ya no puede invocar la confianza pública necesaria para representar a los entrerrianos desde una banca en el Senado provincial.
Senador Dal Molín: apelando al honor que supieron encarnar Elpidio González y tantos otros radicales, cuando una conducta hiere la confianza pública, compromete la dignidad del cargo y coloca el interés personal por encima del deber republicano, el único camino honorable es asumir las consecuencias, por lo que debe renunciar de inmediato de manera indeclinable.
