Las críticas de la ARU se hicieron escuchar con fuerza tras el anuncio de la compra de 4.404 hectáreas de tierra en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). La Asociación Rural del Uruguay considera que esta adquisición, que implica un desembolso cercano a los 32,5 millones de dólares, “va en detrimento del crecimiento económico” y podría impactar negativamente en los costos, el déficit fiscal y la presión impositiva del país.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, presentó la operación el miércoles pasado como un homenaje al expresidente José Mujica. Sin embargo, para la ARU esta compra representa un aumento en la carga sobre el Estado que no contribuye a atraer inversiones privadas ni a fomentar el desarrollo productivo. En un comunicado oficial, la entidad que preside Rafael Ferber destacó que la decisión “genera mayores costos, subsidios, déficit fiscal y presión impositiva”, lo que resulta preocupante para el sector agropecuario.
Las críticas de la ARU también apuntan a la falta de transparencia en las decisiones del INC, el mayor propietario de tierras en Uruguay. Según el comunicado, el organismo ha adoptado en los últimos años “decisiones relevantes sin ofrecer fundamentos suficientes ni transparencia respecto a los criterios y mecanismos utilizados para la adquisición de tierras”. Esta situación genera incertidumbre en el sector rural, que demanda mayor claridad y justificación en las políticas públicas relacionadas con la tierra.
Aunque la ARU reconoció y valoró la función social que cumple el Instituto Nacional de Colonización, resaltó que la reciente compra “se aleja de los objetivos estratégicos del gobierno de atraer la inversión privada y fortalecer las finanzas públicas”. En este sentido, la entidad expresa su preocupación porque decisiones de este tipo podrían debilitar la competitividad y el desarrollo económico nacional.
Las críticas de la ARU reflejan la tensión entre el rol social que cumple el INC y la necesidad de mantener políticas económicas que impulsen la inversión privada y la sostenibilidad fiscal. En un contexto de presión impositiva creciente y déficit fiscal, el sector agropecuario insiste en la importancia de decisiones fundamentadas y transparentes, que garanticen un equilibrio entre las funciones sociales del Estado y el crecimiento económico del país.
El debate generado por esta compra pone en el centro la gestión de la tierra en Uruguay y plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la política rural en los próximos años. Mientras tanto, la ARU continúa firme en su reclamo por mayor claridad y prudencia en las decisiones públicas que afectan al sector.
