Uruguay busca reducir la cantidad de vehículos antiguos que circulan por sus calles mediante un ambicioso “Plan de Regulación de Adeudos 2025” y la proyección de un futuro programa de recambio de unidades. Con 3,05 millones de vehículos registrados, de los cuales 320.000 datan de 1976 a 2012, las intendencias enfrentan un doble desafío: altos niveles de morosidad en la patente de rodados y un parque automotor envejecido que presenta riesgos de seguridad vial.
De acuerdo con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), Uruguay busca reducir un índice de morosidad global que llega al 17 %, con focos críticos en autos fabricados entre 1996 y 2011. Solo en 2024, las intendencias dejaron de percibir casi 4.000 millones de pesos en concepto de patentes impagas. El nuevo plan, aprobado por el Congreso de Intendentes, permitirá cancelar deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024 con beneficios de reliquidación y quitas parciales de sanciones, según el año del vehículo.
La iniciativa estará vigente del 1.º de junio al 30 de noviembre de 2025 y contempla además la exoneración de los costos de reempadronamiento cuando el titular registre su auto en su lugar de residencia, práctica pensada para frenar la migración de matrículas hacia departamentos con tasas más bajas.
Sin embargo, Uruguay busca reducir algo más que la morosidad: se trata también de bajar el número de “cachilos” —autos con más de 30 años— que presentan fallas de frenos, luces y amortiguadores. Las estadísticas indican que casi 100.000 vehículos superan los 50 años de antigüedad, un escenario inusual en la región debido a la ausencia de una ley de baja obligatoria. Para el director de Asuntos Vehiculares del Congreso, César García, “llegará el momento de un plan de renovación que involucre a concesionarios, bancos y Estado para ofrecer incentivos a los propietarios”.
El plan de recambio aún no tiene fecha, pero la presión por la seguridad vial y las exigencias ambientales crece. Mientras tanto, Uruguay busca reducir el impacto económico y operativo de los autos viejos mediante esta regularización impositiva que también introduce un alivio financiero para quienes desean ponerse al día.
Con la recaudación de patentes proyectada en 28.367 millones de pesos para 2025 —un aumento del 8 % tras ajustar por IPC—, las intendencias confían en que el nuevo esquema mejorará los ingresos y permitirá avanzar hacia un parque automotor más moderno, seguro y eficiente.
