Confirman imputación a funcionarios de la Intendencia de Soriano tras la resolución de un tribunal que mantuvo cargos por peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, todos en régimen de reiteración real. La votación dividida confirmó la acusación contra el exdirector de Obras Pedro Nocetti y el exsecretario general Daniel Gastán, involucrándolos en un caso que sacude a la administración departamental.
Confirman imputación a funcionarios también para Gonzalo Castillo, exprosecretario de la comuna; Pedro Besozzi, exdirector de Hacienda; Germán Cavallero, exdirector de Auditoría; y el exdirector de Logística, todos señalados por presuntas maniobras ilícitas durante sus gestiones. Según la investigación fiscal, los imputados habrían aprovechado sus cargos para desviar recursos y favorecer intereses particulares, dejando al descubierto graves irregularidades en la gestión pública de Soriano.
El fallo llega en un momento de tensión política, dado que Guillermo Besozzi, reelecto intendente de Soriano en los comicios del 11 de mayo, es hermano de uno de los acusados y deberá asumir bajo estrictas medidas cautelares. Aunque aún no existe sentencia firme que le impida ejercer, el jefe comunal no puede acercarse a oficinas municipales y debe permanecer en su domicilio entre la medianoche y las 7 a. m. Besozzi anunció que trabajará desde una plaza pública si es necesario, mientras enfrenta un proceso judicial que podría derivar en prisión.
El tribunal subrayó la gravedad de los hechos investigados, mencionando evidencia de contratos inflados, cobros indebidos y presiones a proveedores. Para la fiscalía, el “modus operandi” muestra una trama de corrupción sistemática que compromete la transparencia institucional. La defensa argumenta que las acusaciones carecen de sustento y que se trata de una persecución política; sin embargo, la resolución judicial mantiene las imputaciones y fija nuevas instancias de audiencia para definir eventuales enjuiciamientos formales.
Analistas locales advierten que la causa podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de los jerarcas departamentales en el manejo de los recursos públicos. Organizaciones civiles y partidos de la oposición exigen celeridad y firmeza para evitar la impunidad y restaurar la confianza ciudadana.
Confirman imputación a funcionarios y ahora la atención se centra en los próximos pasos de la justicia: peritajes contables, declaraciones de testigos y la eventual elevación a juicio oral. Mientras tanto, la gobernabilidad de Soriano queda en vilo, con una intendencia que deberá sortear el descrédito y garantizar servicios básicos a sus habitantes bajo la sombra de un proceso penal de alto perfil.
