La UE ubicó a la Argentina en la categoría de “riesgo estándar” dentro del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), decisión que sorprendió a funcionarios y cámaras empresarias. La clasificación ‒publicada este viernes por la Comisión Europea‒ implica controles adicionales, más trámites y, en los hechos, mayores costos para cada embarque de soja, carne vacuna, madera, café y cacao que pretenda ingresar al bloque.
En su informe, la Comisión justificó que “persisten dudas” sobre la trazabilidad forestal en determinadas regiones del país y señaló que el monitoreo satelital evidencia focos de desmonte reciente. Sin embargo, autoridades nacionales recuerdan que los focos se concentran en zonas marginales y que, desde 2007, la Ley de Bosques penaliza la deforestación ilegal. Aun así, la decisión se aplicará desde el 30 de diciembre, cuando el EUDR entre plenamente en vigor.
La industria reaccionó con firmeza. La UE ubicó a la Argentina “sin fundamentos técnicos sólidos”, denunciaron desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA). En su cuenta oficial de X, la entidad aseguró que la evaluación “carece de rigor” y advirtió que podría “erosionar la competitividad y la reputación de la producción nacional”. Según estimaciones privadas, los nuevos requisitos administrativos encarecerán entre 2 % y 4 % el costo final de cada tonelada exportada.
CIARA recordó que “estudios recientes demuestran que el riesgo de deforestación en nuestro país es despreciable” y que el Gobierno presentó mapas de cobertura vegetal actualizados, certificados de origen y reportes académicos. El Ministerio de Economía, por su parte, confirmó que inició conversaciones oficiales en Bruselas para revertir la calificación en la primera revisión prevista para 2026.
Mientras tanto, Uruguay celebró: fue catalogado como “riesgo bajo”, lo que le permitirá ingresar al mercado europeo con un procedimiento simplificado y ahorros significativos. Paraguay quedó, al igual que Argentina, bajo “riesgo estándar”, mientras que Brasil resultó parcialmente fragmentado por estados.
El EUDR, aprobado por el Parlamento Europeo en 2023, prohíbe la importación de materias primas asociadas a deforestación después del 31 de diciembre de 2020. Las empresas deberán presentar una “declaración de diligencia debida” que certifique el origen sustentable de cada lote y brinde coordenadas geográficas verificables.
Analistas advierten que la decisión golpea a complejos exportadores clave. Con ventas al bloque por más de US$ 6.300 millones anuales, la exigencia de documentación extra podría desviar operaciones hacia Asia. No obstante, expertos confían en que la solidez de los sistemas de monitoreo locales permitirá demostrar, en un corto plazo, que la deforestación asociada a la cadena agroindustrial es mínima. De lograrlo, La UE ubicó podría convertirse, más temprano que tarde, en el primer paso de un reconocimiento pleno como país de “riesgo bajo”.
