Las gremiales agropecuarias que nuclean productores de la región aseguran que este tipo de condiciones son utilizadas como barreras comerciales encubiertas.
Punitivitos y barreras comerciales
La misiva de la FARM asegura que todos los países que la componen «cuentan con sistemas modernos de trazabilidad y monitoreo, que abarcan aspectos ambientales, sociales y productivos de la cadena agropecuaria» y, por ello, está garantizada «la legalidad, la sostenibilidad y el origen de los productos exportados, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y el respeto a las legislaciones nacionales vigentes».
«Esta infraestructura tecnológica representa una fortaleza estratégica del bloque, permitiendo total transparencia de la cadena productiva, desde el campo hasta el consumidor, y ofreciendo respuestas concretas a las crecientes exigencias de los mercados internacionales», remarca.
En ese sentido, consideran que las obligaciones europeas no van acorde a las realidades de cada país. «La FARM considera inaceptable que medidas unilaterales, punitivas y que no respetan las realidades productivas de cada país, como la Regulación Europea sobre la Deforestación (EUDR), sean utilizadas como barreras comerciales encubiertas, desconsiderando los esfuerzos e inversiones realizados por los productores del Mercosur», insisten.
Así, desde la federación piden que los sistemas nacionales de «trazabilidad e información deben ser reconocidos como instrumentos legítimos de cooperación y confianza mutua, y no como mecanismos de exclusión». «Los productores rurales que cumplen íntegramente con los protocolos y reglamentos existentes están siendo excluidos del mercado internacional, lo cual es inaceptable. Para los demás, el aumento de costos y la excesiva burocracia impuesta por los procesos de debida diligencia en contratos internacionales resultan prohibitivos, generando impactos desde ya, especialmente en los pequeños y medianos productores», añaden.
Fuente Ámbito
