Jubilados y trabajadores presentaron una denuncia penal contra las autoridades de la intervención de OSER y alertaron sobre recortes de prestaciones, falta de medicamentos, deudas con prestadores y contrataciones irregulares.
Un grupo de afiliados activos y jubilados de la ex obra social IOSPER, actual OSER, brindó este martes una conferencia de prensa en la que expresó su profunda preocupación por la situación actual de la entidad, hoy denominada OSER. En ese marco, confirmaron la presentación de una denuncia penal contra las máximas autoridades de la intervención, por presuntas irregularidades administrativas y financieras, y advirtieron sobre un deterioro acelerado en la cobertura de salud.
Los denunciantes aclararon desde el inicio que su reclamo no responde a intereses partidarios ni sectoriales, sino a la experiencia cotidiana de miles de afiliados que enfrentan demoras, recortes de prestaciones, falta de medicamentos, aumento de coseguros y dificultades crecientes para acceder a tratamientos esenciales. “No hablamos desde la política, hablamos desde el miedo real de no saber si mañana la obra social va a responder cuando más la necesitamos”, señalaron.
Durante la exposición, los jubilados informaron que radicaron una denuncia penal formal en la Fiscalía, bajo el Legajo N.º 292.228, a cargo del fiscal Gonzalo Badano. Aseguraron que los hechos denunciados son “graves” y requieren una investigación judicial profunda. “No estamos acá para difamar, estamos para exigir explicaciones y responsabilidades”, remarcaron.
Un cambio de gestión que, según denuncian, empeoró la situación
Los afiliados cuestionaron con dureza el relato oficial que justificó la intervención de IOSPER y la creación de OSER, el cual describía a la obra social como un organismo devastado por la corrupción. Recordaron incluso declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio en ese sentido, pero advirtieron una fuerte contradicción entre ese discurso y la realidad actual.
Según expresaron, aun con falencias, el antiguo IOSPER garantizaba mayor cobertura, entregaba medicamentos, autorizaba tratamientos y, de acuerdo con informes oficiales, llegó a registrar superávit. “La pregunta es lógica: si antes, según el discurso oficial, se robaba tanto, ¿cómo alcanzaba para cubrir prestaciones, y hoy, con una gestión que se dice honesta y transparente, no alcanza ni para lo básico?”, plantearon.
Casos testigo y judicialización de la salud
Durante la conferencia se mencionaron varios “casos testigo” de afiliados que debieron recurrir a amparos judiciales para acceder a prestaciones básicas, entre ellos el de un niño de 9 años con hidrocefalia severa y epilepsia refractaria, y otros afiliados adultos con tratamientos demorados o rechazados.
Los expositores subrayaron que estos casos no son aislados, sino representativos de una problemática estructural. “La salud se está judicializando porque la obra social no responde en tiempo y forma”, denunciaron.
Más aportes, menos cobertura
Otro de los ejes centrales fue el financiamiento. Los afiliados aseguraron que los aportes obligatorios continúan descontándose regularmente, incluso en un contexto de salarios deteriorados, pero que, pese a ello, se redujeron prestaciones y se trasladó el ajuste directamente al bolsillo de los afiliados mediante mayores coseguros.
También cuestionaron la decisión de reducir la cobertura al Programa Médico Obligatorio (PMO), al que definieron como un piso mínimo y no un techo. Recordaron que IOSPER históricamente ofrecía una cobertura superior y advirtieron que el retroceso implica una pérdida de derechos adquiridos.
Opacidad, contrataciones cuestionadas y rol de los organismos de control
Los denunciantes señalaron una falta total de información clara sobre el estado financiero de la obra social, los convenios firmados y los criterios de cobertura. Cuestionaron además la contratación de empresas externas, como la nueva gerenciadora de medicamentos, y afirmaron que el sistema funciona “peor que antes”.
En la denuncia penal se detallan presuntas contrataciones directas sin licitación, violaciones a la Ley de Compre Provincial, convenios firmados en dólares, incrementos desmedidos en el gasto en prótesis y pagos prioritarios a determinados prestadores, mientras otros acumulan meses de deuda. También se denunció el presunto uso de fondos de la obra social para financiar actos políticos.
Asimismo, exigieron explicaciones a los síndicos fiscalizadores y cuestionaron el rol de los gremios que integran el directorio, en particular AGMER y UPCN, por el silencio frente a la situación actual.
¿Un vaciamiento encubierto?
Hacia el final, los afiliados plantearon una pregunta que resume el espíritu de la denuncia: si la obra social deja de cubrir, no paga a prestadores, pierde convenios y abandona a afiliados, ¿se está frente a un vaciamiento encubierto?
“IOSPER no es del gobierno, es de los afiliados”, afirmaron, y reclamaron respuestas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “No pedimos privilegios, exigimos derechos. La salud no se ajusta, no se negocia y es un derecho humano”, concluyeron.
Fuente RADIO2820
