El endeudamiento de las familias trabajadoras «dejó de ser una situación excepcional y se convirtió en una estrategia de supervivencia», advirtió a AIM la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos al difundir un relevamiento nacional que reveló que el 87 por ciento de las y los estatales tiene deudas vigentes. El gremio reclamó al Poder Ejecutivo provincial, nacional y a los municipios «una política salarial que permita recuperar efectivamente el poder adquisitivo» y exigió “el cierre de una paritaria acorde a la inflación”.
El informe, elaborado por ATE Nacional, arrojó que el 40 por ciento de los trabajadores estatales recurre al crédito para afrontar gastos básicos como alquiler, salud, educación y alimentación, mientras que el 73por ciento mantiene obligaciones con más de una entidad financiera. A nivel provincial, los números resultan igual de alarmantes: casi nueve de cada diez hogares entrerrianos (el 84 por ciento) posee deudas y, según remarcó el sindicato, la gran mayoría «utiliza ese financiamiento como un mecanismo de subsistencia diaria».
Desde ATE Entre Ríos sostuvieron que esa realidad «también atraviesa a las familias de trabajadores provinciales y, más aún, municipales», ya que cuando el salario no alcanza «aparece la tarjeta de crédito, el préstamo personal, el adelanto de haberes o el financiamiento de una deuda para poder pagar otra». En ese sentido, el gremio denunció: «No podemos naturalizar que quienes trabajan todos los días para sostener el Estado tengan que endeudarse para comer, pagar un alquiler, trasladarse o atender una necesidad de salud. Esto no es un problema individual: es la consecuencia de salarios que han perdido poder adquisitivo».
Pluriempleo y deterioro de la salud mental
El relevamiento nacional expuso que el deterioro de los ingresos tiene consecuencias que exceden lo estrictamente económico. Más del 55 por ciento de las personas consultadas recurre al pluriempleo para complementar sus ingresos, mientras una proporción significativa de las familias recorta actividades recreativas, busca de manera permanente precios y promociones o asume tareas que antes podía delegar.
El impacto también se traslada a la salud integral. El estudio registró un fuerte deterioro de la salud mental y emocional entre los consultados, asociado al cansancio, la angustia, la ansiedad y la imposibilidad de contar con tiempo y recursos suficientes.
A este panorama se suma el crecimiento de la morosidad: en mayo de 2026 la irregularidad de las familias en el sistema financiero alcanzó el 15,5 por ciento, en tanto que los préstamos personales y las tarjetas de crédito representaron el 73 por ciento del saldo irregular bancario. En el caso de las billeteras virtuales, la mora trepó al 29,6 por ciento, un porcentaje que superó incluso el registro de la pandemia.
Para el gremio, estos indicadores muestran que el problema «no es la falta de voluntad de pago de las familias, sino la creciente dificultad para sostener obligaciones financieras con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas».
«El salario no puede ser una variable de ajuste»
El gremio concluyó que el ajuste «no desaparece: se traslada del Estado a los hogares de las y los trabajadores» y reclamó, además de la recomposición salarial, «estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo y políticas que garanticen la protección integral de las y los trabajadores estatales».
«No queremos trabajadores endeudados para sobrevivir. Queremos salarios dignos que permitan vivir del trabajo», sostuvo el sindicato, que anticipó que continuará impulsando «la organización y la lucha colectiva en defensa de los salarios, las jubilaciones y los derechos de las y los trabajadores».
«El salario no puede ser una variable de ajuste. Trabajar no puede significar endeudarse para comer, pagar el alquiler o acceder a la salud», cerró la entidad gremial, que insistió en que «la deuda de las familias no se resuelve con más deuda: se resuelve con salarios dignos» finalixó ATE
Fuente AIM
