Diputados del peronismo presentaron un proyecto de ley para crear el régimen «Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna», que propone transferir de manera directa a cada establecimiento educativo los fondos destinados a la alimentación escolar, en reemplazo del esquema de contratación centralizada vigente en la provincia, confirmó AIM.
La iniciativa, que cuenta con la firma de otros nueve legisladores, plantea que «es posible combinar un Estado presente, que financia, fija estándares y controla, con establecimientos educativos que administran responsablemente los recursos que reciben».
El texto, ingresado a la Legislatura entrerriana, busca sustituir el sistema por el que hasta ahora se contrató a proveedores como Teknofood S.A. para la prestación del servicio alimentario en las escuelas públicas, un mecanismo que en las últimas semanas quedó en el centro de la controversia por el Decreto 852/2026, las medidas judiciales y las citaciones legislativas al ministro Berisso y a Lautaro Azzalini. En los fundamentos del proyecto, el autor de la iniciativa, Enrique Cresto, sostuvo que «alimentar no es solamente entregar una ración, sino asegurar nutrición, calidad, variedad, alimentos frescos, hábitos saludables y condiciones dignas para que cada estudiante pueda aprender y desarrollarse plenamente».
Fondos directos a las escuelas
De acuerdo con el articulado, cada escuela recibirá una asignación periódica calculada en función de su matrícula, la cantidad y el tipo de prestaciones —desayuno, almuerzo o merienda— y los días del ciclo lectivo. Los recursos tendrán «afectación específica» y no podrán utilizarse para otros fines. Además, las inasistencias ocasionales de los alumnos no generarán descuentos sobre los montos transferidos.
El proyecto prevé también que los remanentes que genere una administración eficiente permanezcan en el establecimiento. Al respecto, el autor de la iniciativa remarcó que «cuando una escuela administra de manera eficiente sus recursos y genera un remanente legítimo, ese ahorro debe permanecer en el establecimiento y volver en beneficio de sus alumnos», y podrá destinarse a la compra de alimentos frescos, la reparación de heladeras, freezers, cocinas y hornos, o a mejoras en cocinas y comedores.
Compra de cercanía y comercio entrerriano
Uno de los ejes centrales del proyecto es la obligación de que las adquisiciones se realicen a comercios, productores y cooperativas con actividad económica efectiva en Entre Ríos, priorizando en igualdad de condiciones a los proveedores de la misma localidad o departamento. En los fundamentos, Cresto planteó que «los recursos públicos que la Provincia destina a alimentar a sus estudiantes representan también una herramienta capaz de dinamizar la actividad económica de nuestras ciudades y pueblos», y agregó que «nadie conoce mejor que cada comunidad cuáles son los comercios que pueden abastecerla, qué productos frescos se encuentran disponibles, cuáles son los productores de la zona y cuáles son las particularidades de su localidad».
El legislador aclaró, de todos modos, que la propuesta no implica un repliegue estatal: «No se propone que el Estado se retire de la alimentación escolar. Se propone un Estado que asuma plenamente su responsabilidad: que garantice los fondos, establezca estándares nutricionales, controle su cumplimiento y asegure la continuidad del servicio».
Menús, controles e informes
El proyecto también crea el Plan Provincial de Menús Escolares, elaborado con intervención del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Entre Ríos, que deberá priorizar alimentos frescos y limitar los productos ultraprocesados conforme a la normativa vigente en entornos escolares. Cada escuela elegirá entre las alternativas autorizadas según la disponibilidad estacional y las características de su comunidad.
En materia de fiscalización, la iniciativa dispone un sistema de controles in situ, periódicos, aleatorios y sin previo aviso, que deberán realizarse preferentemente durante los horarios de preparación o prestación del servicio. También establece un régimen de rendición digital y trazabilidad, y la obligación de que la Autoridad de Aplicación remita un informe anual a la Legislatura sobre el funcionamiento del régimen.
El proyecto lleva la firma, además de Cresto, de Lorena Maricel Arrozogaray, Silvia Mariel Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Daniel Castrillón, Silvina Soledad Decco, José María Kramer, Silvia del Carmen Moreno, Yari Demian Seyler, María Laura Stratta y Andrea Soledad Zoff.
Fuente AIM
