La imputación a los inversores es del 24 de abril de 2023 por la Unidad Penal 8 de Encarnación, según publicó el Semanario Brecha, pero los hechos presuntamente delictivos comenzaron en 2021.
La agente fiscal Liliana Herenia Galeano relata que “en el año 2021, en plena crisis de pandemia mundial, habría llegado a nuestra ciudad Gaspar Nicolás dos Santos, ante las supuestas víctimas, Carlos Emilio Soler, Andy Sbardella y Horacio Biga, como un inversor de alto perfil, prometiendo inclusive realizar varias inversiones en Paraguay de diferentes rubros, señalando tener varios negocios en el país y en el exterior”.
Dos Santos, de nacionalidad uruguaya, se presentó “como representante de Bharat Biotech International Limited (de India), mostrando un documento como supuesto representante o apoderado; y luego de varias conversaciones ofrece realizar un negocio de compra de vacunas (contra covid-19) de la marca Covaxin”.
El uruguayo le presentó al administrador de la firma DyN Investment, Méndez Maciel. El 12 de marzo de 2021 firmaron con los empresarios de Paraguay “el convenio de importación, distribución y venta de vacunas”, y el 25 de marzo agregaron un anexo por el cual “las partes convenían en aportar los montos de dinero al efecto del negocio planteado”.
Sin embargo, el 24 de marzo, a poco de firmar el primer contrato para el negocio entre uruguayos y paraguayos, India suspendió las exportaciones de vacunas para abastecer el mercado interno y al otro mes en Brasil se haría público un escándalo por la compra de Covaxin mediante una empresa offshore en Singapur a precios inflados y con sospechas de sobornos cobrados por intermediarios del gobierno de Bolsonaro.
Esto hizo caer el acuerdo. Pese a que los paraguayos y los uruguayos acordaron rescindir el contrato, el reembolso de los casi 2 millones de dólares no se concretó. Interpol Paraguay pidió los antecedentes de los imputados a Uruguay.
La delegación uruguaya asegura que la CTM rescindió el contrato por incumplimientos de los inversores.
