La Asociación Judicial de Entre Ríos cuestionó los incrementos salariales dispuestos por el gobierno para los docentes. Sostuvo que son «inconstitucionales» y que afectan los haberes de los jubilados provinciales.
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) rechazó «los aumentos en negro» dispuestos por el gobierno para los docentes entrerrianos y denunció que la medida «es inconstitucional». A través de un comunicado, el gremio advirtió que los incrementos no remunerativos también perjudican a los jubilados provinciales, especialmente a los trabajadores retirados del Poder Judicial.
La entidad sindical cuestionó que el Ejecutivo haya recurrido nuevamente a sumas salariales que no están sujetas a aportes y contribuciones, pese a que, según señaló, la Constitución de Entre Ríos establece expresamente la obligatoriedad de esos descuentos.
En ese sentido, AJER citó el artículo 82, inciso d), de la Constitución provincial, que establece: «Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones».
Qué aumentos cuestionó AJER
El sindicato identificó distintos conceptos salariales otorgados a los docentes que, según denunció, tienen carácter no remunerativo.
Entre ellos mencionó los montos correspondientes al incentivo docente y conectividad, que oscilan entre $200.000 y $340.000, además de una suma de $50.000 por antigüedad superior a 10 años y otros $90.000 correspondientes a la diferencia para alcanzar el salario mínimo.
El gremio vinculó su cuestionamiento con la reforma del régimen de movilidad jubilatoria. Según explicó la organización, los jubilados judiciales dejaron de percibir actualizaciones relacionadas con los cargos que ocuparon durante su trayectoria laboral y sobre los cuales realizaron sus aportes.
AJER afirmó que, tras las modificaciones implementadas por el Ejecutivo, los incrementos salariales docentes pasaron a ser la referencia para la movilidad de los haberes previsionales provinciales.
En consecuencia, sostuvo que los jubilados judiciales resultan «doblemente perjudicados», tanto por la modificación del sistema de movilidad como por la imposibilidad de recibir los incrementos correspondientes a las sumas no remunerativas.








