Plebiscito de Cabildo Abierto en riesgo por firmas rechazadas

La Corte Electoral ya rechazó más del 17% de las firmas presentadas por Cabildo Abierto (CA) para habilitar el plebiscito por una deuda justa que busca la reestructuración de deudas personas físicas y poner un tope a las tasas de interés que pueden cobrar bancos y financieras; por lo que en el partido liderado por Guido Manini Ríos se extiende la preocupación.

Cabildo Abierto se aproxima a cerrar un año que, definitivamente, no tendrá un balance positivo: primeramente, con las dificultades que tuvieron para juntar las firmas necesarias para habilitar el plebiscito para deudores —luego de que la iniciativa fracasara a nivel parlamentario—, al punto de que no llegaron a habilitarlo para las elecciones de octubre; luego por los resultados de los comicios nacionales, no solo negativos para la Coalición Republicana como un todo sino especialmente para los cabildantes, que perdieron un importante caudal de votos; y ahora con los nuevos obstáculos para lograr llevar a cabo la consulta popular.

En ese sentido, Cabildo Abierto deberá alcanzar 272.288 firmas válidas —el 10% del padrón habilitado para votar, en este caso, para las elecciones departamentales— de las 322.000 rúbricas que presentaron en octubre.

Sin embargo, a medida que la Corte Electoral avanza en la validación de esas firmas para el plebiscito, el panorama se complica cada vez más para el partido de Manini Ríos: en se sentido, el ministro José Garchitorena explicó a Informativo Uruguay que el porcentaje de rúbricas rechazadas “es algo mayor” al que habitualmente se registra.

Según cifras de la Corte, hasta el momento se revisaron 86.775 firmas, de las cuales se rechazaron 15.155, la mayoría por no coincidir las firmas. Eso representa el 17,4% del total y, de consolidarse la tendencia, el plebiscito podría quedar sin efecto por no llegar al piso mínimo exigido.

Garchitorena explicó que la Corte Electoral estableció 50 días de trabajo para la verificación de las firmas, tarea que se presume puede culminar en febrero. Y señaló que en el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT —que sí se llevó a cabo en octubre— también tuvo un porcentaje alto de rechazo pero que “las firmas presentadas eran notoriamente más, lo que daba mayores posibilidades para alcanzar la meta”.

“En este caso, el margen es más estrecho”, señaló.

Discrepancias legales

Por otro lado, todavía se mantiene la duda respecto de si el plebiscito podrá realizarse en las elecciones departamentales de mayo, incluso logrando la validación de todas las firmas necesarias. Esto porque la papeleta establece que la implementación de la reforma constitucional será a partir del 1° de marzo, una fecha previa a la de la consulta popular eventual.

Según Garchitorena, ello dependerá de la interpretación que se haga del texto legal. “Pero eso se definirá si (el plebiscito) se confirma”, subrayó.