Buscan subir a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en Uruguay, una medida impulsada por legisladores y organizaciones sociales que ven en esta iniciativa una forma de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, el Código Civil permite casarse a partir de los 16 años con consentimiento de los padres o mediante autorización judicial, pero los datos disponibles han encendido la alarma: en los últimos cinco años, se celebraron 84 matrimonios en los que una o ambas personas eran menores de edad.
Buscan subir a 18 años siguiendo la tendencia internacional. En la región, Colombia fue el país más reciente en realizar esta modificación legal, y países como Brasil, Argentina y México han avanzado en la misma dirección. La organización Unicef, que ha participado de los debates parlamentarios, considera estos casos como matrimonio infantil, una práctica que conlleva riesgos de violencia de género, abandono escolar, pobreza y embarazos no deseados.
De los 84 matrimonios registrados entre menores y adultos, 82 fueron entre un mayor y un menor, y en el 91,5% de los casos la persona menor era mujer. Este dato refuerza las críticas al marco legal actual, que muchos consideran una puerta abierta a relaciones desiguales y potencialmente abusivas.
El proyecto de ley que buscan subir a 18 años ya fue presentado por el Frente Amplio en la anterior legislatura, y aunque en su momento no se trató en el plenario, fue recientemente desarchivado para su discusión en el actual período parlamentario. Durante los debates, se escucharon a expertos de Unicef, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y a diversas organizaciones de derechos humanos.
El análisis de los datos muestra que de los 82 matrimonios entre mayores y menores, en 54 casos el menor tenía 17 años y en 28, 16 años. En cuanto a la edad de los adultos, el 62% tenía entre 18 y 22 años, pero también hubo situaciones más polémicas: personas de 37, 44 e incluso 78 años se casaron con adolescentes de apenas 16 o 17 años.
Con esta nueva propuesta, buscan subir a 18 años para cerrar un vacío legal que, según sus impulsores, permite vulneraciones a los derechos de niños y adolescentes, y alinear la normativa uruguaya con los estándares internacionales de protección de la infancia.
