La titular del MIEM, Fernanda Cardona, confirmó que la idea es avanzar en una actualización bimestral de los combustibles, aunque «no es la discusión de fondo».
El debate sobre los combustibles en plena transición
El Frente Amplio (FA) había manifestado con anterioridad su desacuerdo con el actual esquema de fijación de los precios de combustibles: lo criticó siendo oposición, lo hizo durante la campaña y, ya como gobierno electo, planteó la posibilidad de implementar modificaciones a la LUC, dentro de lo institucionalmente posible —considerando, además, que el paquete de leyes fue ratificado por consulta popular.
Ya en diciembre, el mismo presidente Yamandú Orsi cuestionó el Precio de Paridad de Importación (PPI): «No me convence mucho que esto sea mes a mes porque genera mucha incertidumbre. A mí me gusta la certeza de que alguien que invierte sepa que dentro de tres, cuatro meses la realidad va a ser esa», aseguró el mandatario electo.
Días antes a la primera vuelta electoral que se llevó a cabo en octubre, el ahora secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez también se había referido al esquema de fijación de precios en el mismo sentido.
Sin embargo, desde el gobierno saliente defendieron el sistema vigente, en un momento en el que también se comenzó a discutir desde la plataforma electoral de la Coalición Republicana la posibilidad de finalizar el monopolio de Ancap en los combustibles y de abrir la libre importación para mejorar la competitividad de los precios de bienes uruguayos frente al mundo.
Una de las que se expresó a favor del PPI fue la antecesora de Cardona al frente del MIEM, Elisa Facio, que sostuvo que en los diez años anteriores a la implementación del actual esquema, es decir durante los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, “la población pagó más de 900 millones de dólares de exceso si lo comparamos con el PPI”.
Incluso, aseguró que desde 2021 hasta setiembre, última medición del MIEM, “la población pagó 500 millones de dólares menos que el precio de PPI”.
Fuente Ámbito
