El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos tomó una decisión clave tras recibir un informe de la Comisión Fiscalizadora Permanente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en el que se advierten irregularidades y omisiones graves con potencial perjuicio fiscal. El organismo resolvió remitir al Ministerio Público Fiscal la totalidad del expediente N° 200/2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la provincia.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, fue quien formalizó la presentación ante el procurador general, Jorge García. Lo hizo en base al Dictamen Fiscal N° 2108/25, surgido de una Auditoría Especial Interdisciplinaria, donde se señala que podría tratarse de la “configuración de un delito de acción pública”. La documentación enviada incluye una copia certificada de 372 fojas útiles.
En el escrito, el Tribunal de Cuentas aclaró que no tiene competencia para investigar delitos penales, y dado que los hechos denunciados podrían constituir delitos que exceden su ámbito, decidió girar las actuaciones a la Fiscalía. La presentación indica que se trata de hechos de gravedad y menciona expresamente la posible existencia de connivencia entre un prestador de servicios y el propio instituto Iosper.
El informe de la Comisión Fiscalizadora alude a una mecánica en la que “el prestador minimizaba sus riesgos de pérdida mensual” al limitar la provisión de servicios, situación que, según el texto, “no se hubiese podido llevar adelante sin la asociación entre las partes, proveedor y contratante”.
También se destaca que la fiscal interviniente observó que los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberían haber formalizado la correspondiente denuncia penal, dado que ellos mismos reconocen en una nota elevada al Tribunal la gravedad de los hechos. Esa omisión fue señalada como relevante por el Ministerio Público Fiscal.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas actuó conforme a lo que establece la normativa procesal, cumpliendo con su deber de informar posibles delitos a la Justicia. Ahora será la Fiscalía quien deberá analizar si corresponde avanzar con una investigación penal sobre las presuntas irregularidades en el funcionamiento del Iosper, lo que podría derivar en sanciones administrativas y penales.
