Diputados del justicialismo realizaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que precise si mantuvo vínculos contractuales o de pauta publicitaria con Madero Media Group, la firma que encabeza el asesor Fernando Cerimedo, confirmó AIM. El texto tomaría estado parlamentario este miércoles en la sesión.
La iniciativa lleva la firma de la diputada Lorena Arrozogaray como autora, con la coautoría de los legisladores Yari Seyler, Mariel Avila, Andrea Zoff y Silvia Moreno.
El proyecto, amparado en el artículo 117 de la Constitución provincial, requiere a la Administración Pública provincial y a sus organismos descentralizados que «detalle si existió algún tipo de vínculo contractual, comercial, pauta publicitaria oficial o de cualquier otra naturaleza» con la empresa de Cerimedo, con posterioridad al 10 de diciembre de 2023. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se exige la «identificación precisa del organismo o entidad provincial que realizó la contratación», el «objeto, motivación, causa, monto y fecha de cada contratación», el «tipo y cantidad de los bienes o servicios adquiridos» y la «nómina, nombre, apellido, DNI, cargo y función de los funcionarios intervinientes y sus cargos al momento de la autorización y ejecución de las contrataciones».
El segundo artículo del proyecto pide que el gobierno «explique qué mecanismos de control y transparencia se aplican actualmente en la relación entre el Estado Provincial y las empresas de medios ‘Madero Media Group'», mientras que el tercero solicita «detalle desde qué fecha la empresa Madero Media Group es proveedora de pauta publicitaria del Estado Provincial».
En los fundamentos, Arrozogaray sostuvo que la iniciativa «se fundamenta en la necesidad de contar con información precisa, completa y verificable respecto de la existencia de vínculos contractuales, comerciales o de cualquier otra naturaleza» entre la administración provincial y la empresa de Cerimedo. La legisladora remarcó que «la utilización de recursos públicos destinados a la contratación de bienes, servicios, publicidad, comunicación, asesoramiento o cualquier otra prestación por parte de empresas privadas constituye una materia de interés público» y que esa actividad «se encuentra sujeta a los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, razonabilidad y control que deben regir la administración de los fondos del Estado».
La autora indicó, además, que resulta necesario conocer «si la Provincia de Entre Ríos, a través de sus distintos organismos y entidades, ha mantenido algún tipo de relación con Madero Media Group», con el fin de determinar «qué organismos intervinieron, cuál fue el objeto y fundamento de las contrataciones, los montos comprometidos, las prestaciones adquiridas y los funcionarios responsables de su autorización y ejecución».
Por otra parte, Arrozogaray afirmó que la información solicitada «resulta especialmente relevante en virtud de que el Estado Provincial debe garantizar que toda contratación con empresas privadas responda a una necesidad concreta de la Administración, se encuentre debidamente fundada y se realice mediante procedimientos que permitan conocer y controlar el destino de los fondos públicos».
Finalmente, la diputada advirtió que la Cámara de Diputados «tiene, en virtud de sus atribuciones constitucionales, la responsabilidad de ejercer la función de control sobre los actos de gobierno y procurar que la administración de los recursos públicos se desarrolle bajo criterios de transparencia, publicidad y responsabilidad». Y concluyó que «el acceso a esta información constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de la función de control legislativo y para garantizar a la ciudadanía el conocimiento sobre el destino y utilización de los recursos públicos provinciales».
