El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y a las 10 de la mañana ingresaron a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Estarán este sábado en la celda de Admisión de la cárcel, por la revisión médica que se le debe hacer a cada uno. Se debate si luego se derivan al Pabellón de Seguridad de la cárcel, donde se encuentran alojados los exintegrantes de la Policía de Entre Ríos y otras fuerzas de seguridad y armadas, vinculadas a diferentes delitos o bien a un sector de celdas especiales, según se confirmó a ANALISIS. En el Pabellón de Seguridad hay un total de 40 presos, entre los cuales se encuentran expolicías, que cumplían funciones en tiempos en que Urribarri era gobernador. El preso más resonante de ese lugar, de las últimas semanas, es el abogado y comisario Daniel Rosatelli, por decisión del Juzgado Federal de Paraná, en una causa vinculada al narcotráfico. También se encuentra allí Orlando Ojeda, de Prefectura Naval, condenado por doble feminicidio.
Anoche, Báez fue el primero ingresar a la Alcaidía, donde pasaron la noche. Lo hizo a las 21:40, después de llegar en un camión penitenciario. Luego ingresó Aguilera y cerca de las 2 de la madrugada llegó Urribarri, según confirmó ANÁLISIS. Báez ingresó por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera, por su parte, llegaron en diferentes patrulleros. El primero en un patrullero de San Salvador -cerca de la 1 de la madrugada- y Urribarri desde Concordia, acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Estos dos móviles policiales ingresaron por el portón del garage que tienen los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe (al lado de la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados). Ese lugar tiene acceso a la Alcaidía, hasta donde fue trasladado cada uno a medida que iban ingresando.
Minutos antes que llegara Báez fueron derivados tres presos que estaban en la Alcaidía (uno de ellos debe declarar esta mañana) a la Comisaría Quinta de Paraná, para que no haya ningún detenido con ellos en el sector. Son seis celdas individuales, de no más de 3 x 2 metros, con una cucheta de madera. Desde ese lugar, cada preso solamente se puede mover hasta el baño -con acompañamiento policial- y regresar a su reducido habitáculo.
La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.
Los tres detenidos fueron derivados a la UP1 en horas de la mañana y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. El punto en cuestión ahora es que el sector especial donde estuvieron alojados antes en la UP1 ya no existe como tal y está en refacciones para ser destinado a Enfermería, según se confió a ANÁLISIS. Por estas horas se estaba debatiendo en ámbitos de la UP1 si los sumaban al denominado Pabellón de Seguridad -donde se encuentran condenados provenientes de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas-, o van a celdas especiales o bien se los deriva a la cárcel de Gualeguaychú, que tiene espacio para incorporarlos (ver nota aparte).
Anoche, Báez ingresó aproximadamente 21.40 a la Alcaidía de Tribunales, por calle Córdoba, en un camión de «Unidad de traslado», como reza en el vehículo penitenciario. Aguilera se notificó casi una hora después en la Jefatura Departamental de San Salvador (aunque estaba con domicilio en General Campos) y desde allí fue derivado a Paraná. Urribarri fue notificado en su casa de Garat de calle Concordia por el propio jefe departamental, comisario José María Rosatelli (hermano del abogado y oficial que se encuentra detenido en la UP1 en una causa federal). El comisario Rosatelli ya lo había acompañado a Urribarri la vez anterior que estuvo detenido.
En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en Paraná. Baez tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos (la exmujer y sus hijos también), pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con un sector especial para mayores, donde pueden ser derivados.
Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.
En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.
De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”. Quien más preocupación demostró ayer en ámbitos judiciales, para que se le otorgue a ambos la prisión domiciliaria «por cuestiones humanitarias», fue la vocal del STJ, Claudia Mizawak, exabogada defensora de Urribarri a principios de 2000, cuando el entonces diputado provincial del PJ-Concordia fue denunciado por el irregular manejo de subsidios en la Cámara Baja provincial, en el período bustista 1995/99. Luego Mizawak asumió primero como fiscal de Estado de Jorge Busti -al inicio de su tercera administración, desde 2003- y luego como vocal del STJ, propuesta por el bustismo.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno. Anoche, en ámbitos de Casa de Gobierno, cuando se analizaba los pedidos de prisión domiciliaria, para mejor cuidado de los condenados y por cuestiones de seguridad, hubo críticas en off que no pasaron las cuatro paredes. «Si no se hubiera robado tanto en las gestiones que comandaron, si hubiese existido menos corrupción, tendríamos mejores cárceles, mejores hospitales, mejores escuelas y rutas. Lo que le falta a cada lugar es lo que se robaron», enfatizó un alto funcionario.
