Orsi y los compromisos que está asuimiendo el actual gobierno

El actual Ejecutivo cerró contratos millonarios por el hidrógeno verde y el agua que tendrá que enfrentar Orsi, sin estar de acuerdo con las iniciativas.

Una de las preocupaciones más grandes de cualquier gobierno entrante son las “papas calientes” que quedan de la gestión anterior; pero, dentro de estas, aquellos acuerdos y compromisos tomados que no van en línea con el programa de gobierno, los objetivos y las prioridades que toda administración tiene. Por su cercanía e inmediatez, el Frente Amplio (FA) es el ejemplo concreto de ello, particularmente en dos proyectos: Arazatí e hidrógeno verde.

Desde antes del balotaje, el presidente Luis Lacalle Pou insistió en que trabajaría firme y profesionalmente en la transición, ganara quien ganara. Finalmente, su interlocutor es Yamandú Orsi, pero la institucionalidad parece haberse quedado en medias tintas. Más allá de las ya conocidas y públicas quejas de los equipos del futuro gobierno respecto de la falta de información en los distintos ministerios, la toma de decisiones sobre iniciativas que se llevarán a cabo enteramente durante el próximo período es otro de los puntos de conflicto.En ese sentido, a fines de noviembre —cuando la Justicia levantó la medida cautelar que frenaba la firma del contrato—, el Poder Ejecutivo había resuelto no avanzar en el proyecto Arazatí en tanto el Frente Amplio ya había hecho público su intención de revisar la iniciativa durante su gobierno. Sin embargo, el discurso desde el oficialismo fue cambiando: a mediados de diciembre, el Lacalle Pou aseguró que buscaría un punto medio con Orsi durante el período de transición para no poner “freno de mano” a la planta potabilizadora; y a principios de año, confirmó que la decisión de firmar ya estaba tomada.

Finalmente, el miércoles se llevó a cabo la firma del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para dar inicio a la obra. En todo ese proceso, la postura de la gestión entrante no cambió respecto del proyecto, y Orsi cuestionó dicho accionar “faltando tan poco para un cambio de gobierno”.

La preocupación, ahora, está en cuánto margen de maniobra tendrá la futura administración para trabajar en una iniciativa en la que no está de acuerdo. “Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo”, admitió el presidente electo sobre el contrato y, ante la consulta sobre si el proyecto compromete su gestión, aclaró: “Veremos qué es lo que establece el contrato y ese agregado que establece un margen de flexibilidad que esperemos que sea lo más amplio posible”.“Como todo contrato, te obliga. Son compromisos que asume el Estado, no un gobierno. Hay que leer bien qué establece el contrato y todos los agregados que tiene, hasta esa cláusula que prevé una adenda para modificaciones”, afirmó.

Para el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, la firma del contrato es “un importante error” que “deja a OSE en una situación financiera crítica” y “afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno”.

Las polémicas del hidrógeno verde

El proyecto de producción de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú es otra de las iniciativas que encendió luces de alarma en el gobierno entrante. No solo respecto a la firma del acuerdo con la empresa de capitales chilenos —cuando todavía hay información sobre dicho compromiso que no es de carácter público—, sino también por la participación del Estado a través de Ancap en el capital accionario de la obra.

La decisión precipitada del gobierno saliente —en tanto no era necesario ni urgente tomar una postura al respecto en ese momento— generó tensiones dentro del oficialismo, que culminaron con la renuncia de Alejandro Stipanicic al frente de la petrolera estatal; pero también malestar en la administración entrante, que consideraba oportuno mantener la opción de participar hasta en un 30% en el proyecto. «Nos parece que en un negocio que se plantea como una inversión millonaria, como muy rentable, que el Estado no se reserve la opción de poder participar o no y que se excluya por voluntad propia no es la posición correcta”, consideró entonces el futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Al respecto volvió a posicionarse la designada ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona: «Me preocupa que un gobierno saliente, que le queda un mes para terminar el mandato, asuma obligaciones que vamos a tener que enfrentar el gobierno entrante, sin información y, además, sin haber podido opinar de las condiciones de esos convenios, contratos, acuerdos que están haciendo, que son millonarios y que nos limitan, nos condicionan el presupuesto que tengamos para política públicas», sostuvo, en diálogo con Radio Monte Carlo.

Fuente Ámbito