El gobierno destinó 0,71% de su PBI a investigación y desarrollo, el nivel más alto de la serie y por encima del promedio latinoamericano.
La inversión en I+D «ha aumentado de forma casi ininterrumpida desde el inicio de la serie», indica el informe, pero el último año marca un quiebre: un crecimiento especialmente importante generado en buena medida por «mejoras en los registros de UTE», que adoptó un nuevo modelo de costeo que permitió contabilizar con mayor precisión sus actividades científicas y tecnológicas.
El sector productivo impulsa el avance: 44% proviene de empresas privadas
El sector productivo continúa siendo el principal motor de la inversión en I+D, representando 44% del total mediante empresas privadas y 8% a través de empresas públicas. La educación superior explica un 26%, con fuerte peso de la Universidad de la República (Udelar), y las instituciones del gobierno aportan otro 22%.
La concentración es otro rasgo estructural del sistema: «Solo 10 empresas concentran el 52% de la inversión privada» en I+D, mientras que «5 instituciones ejecutan más del 80% de la inversión pública», destacándose Udelar, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Intendencia de Montevideo y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Metodología y comparabilidad internacional
El relevamiento utiliza los criterios del Manual de Frascati de la OCDE, lo cual permite comparar los esfuerzos uruguayos con los estándares internacionales. La ANII y la CGN relevaron todos los organismos públicos, instituciones universitarias y organizaciones sin fines de lucro, mientras que la inversión privada se estimó mediante encuestas a empresas y ajustes por IPC para firmas sin datos actualizados.
Asimismo, el informe recuerda que, aunque Uruguay está lejos de los niveles de países líderes como Israel, Corea del Sur o Estados Unidos, donde la inversión supera el 3% del PBI, el salto reciente ubica al país entre los de mayor dinamismo de la región.
El estudio concluye que, desde 2019, la relación entre inversión pública y privada se mantiene estable y relativamente equilibrada, con una participación estatal equivalente al 55% del total y 45% del sector privado. Esa distribución, afirma el documento, refleja un ecosistema mixto con presencia creciente de empresas tecnológicas multinacionales que trasladan desarrollos hacia Uruguay.
Fuente Ámbito
