La administración nacional apunta a reforzar la efectividad del sistema para evitar el lavado con una estrategia firmada esta semana por el presidente de la República.
Montevideo es sede este lunes y martes de un congreso internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo que reúne a 250 expertos de 14 países de la región y, en ese marco, el gobierno de Yamandú Orsi anunció el lanzamiento de una nueva estrategia nacional contra el lavado de activos, en un intento por evitar que el país sea incluido en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que supervisa la cooperación global en esta materia.
Durante el evento, el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, advirtió sobre la fragilidad del sistema actual y las consecuencias que podría tener la falta de avances concretos en la persecución del delito económico.
«El diagnóstico que tenemos y que estamos tratando de atacar es que estamos con pocos resultados. Todo el esfuerzo del sistema antilavado no se está reflejando en condenas, en decomisos de bienes. Entonces, una estrategia que se acaba de aprobar con la firma del presidente esta semana, apunta a combatir esa escasez de resultados, esa falta de efectividad del sistema», sostuvo Espinosa. Por otro lado, atribuyó parte del problema a la gestión anterior y fue enfático en que la normativa vigente no ha sido acompañada por una aplicación efectiva.
«Entendemos que no se han logrado aplicar todos los recursos y las capacidades. Uruguay está muy bien en normativa, en papel estamos bien, pero no tenemos resultados acordes al riesgo que tiene el país», advirtió el especialista y luego sumó: «Una lista gris es una lista en la que quedás con un grupo de países y todas las transacciones financieras que Uruguay haga con el exterior van a ser verificadas especialmente porque Uruguay es un país considerado no cooperativo en materia de lavado. Y eso encarece todas las transacciones por el costo del control», explicó.
«Se entiende no cooperativo en la medida que no cumplís el estándar internacional que son las 40 recomendaciones del GAFI. Se evalúa las dos cosas, el cumplimiento técnico y la efectividad», concluyó Espinosa.
El rol del Banco Central y el impacto sobre las inversiones
Durante la apertura del congreso, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, destacó la importancia de la estrategia como un paso clave para proteger la reputación del país y garantizar un entorno de inversión confiable.
“Cuando el dinero mismo empieza a oler mal, el empresario honesto pierde reconocimiento, y si pierde reconocimiento, se genera desconfianza y se germinan movimientos y políticas anti mercado que terminan por minar la posibilidad de crecimiento económico. Entonces, se termina configurando un círculo vicioso donde el poder y la riqueza quedan concentrados en manos de unos pocos, mientras la mayoría queda despojada», sostuvo Tolosa.
El titular del BCU remarcó que la implementación de esta estrategia no será sencilla, pero representa un avance institucional importante. «Es hora de elevar la mira en términos de cómo encarar los desafíos preexistentes y los nuevos con respecto al lavado de dinero. No hay soluciones fáciles ni mágicas, pero se está dando un paso adelante en Uruguay hoy en día con la nueva estrategia nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo», insistió.
Por otro lado, el jerarca reafirmó el compromiso de la autoridad monetaria con el proceso: «Es importante que cada uno de los actores del ecosistema tome su responsabilidad de la forma más exigente posible. Nosotros somos los que recibimos los reportes de operaciones sospechosas, realizamos el análisis, la clasificación y luego nutrimos y nos brindamos asesoramiento técnico permanente a la justicia. Estamos muy comprometidos con la nueva estrategia».
Tolosa cerró con una definición política e institucional: «La lucha contra el lavado no es solo una obligación técnica. Es una defensa de la legalidad, de la transparencia, de la confianza en nuestras instituciones, y es una defensa de nuestro modelo del país».
Fuente Ámbito
