En ocasión de la visita del Senador Felipe Carballo –Compromiso 711 FA- a Fray Bentos, mantuvo reuniones con diversos actores sociales, entre ellos, Jorge Hernández de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana por la falta de transparencia, controles y auditorias de los gastos millonarios de varias Intendencias Departamentales en caminería rural.
Dicha organización, consta con personería jurídica y se encuentra afiliada a Transparencia Internacional.
«Es grave lo que está sucediendo” disparó Hernández “nuestra Asociación pidió informes a las 19 Intendencias, a las 19 Juntas Departamentales, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. El Banco Interamericano de Desarrollo mandó 600 millones de dólares para el quinquenio y en el Presupuesto aparecen solo 200 millones de dólares. El Tribunal de Cuentas no controla nada».
«Esto ya está denunciado en la Fiscalía de Delitos Económicos y ya hay cinco funcionarios de OPP indagados. Ampliamos la denuncia a funcionarios del Tribunal de Cuentas por la falta de controles, porque todos se sacan el lazo de encima» dijo Hernández.
Los ediles departamentales, indicaron a la Asociación, que ellos no tienen que controlar, a pesar que la Ley 9.515, específicamente, define que la Junta Departamental es el órgano controlador del Ejecutivo Departamental.
Hernández explicó que el BID envió a Uruguay 600 millones de dólares, pero en el Presupuesto Quinquenal aparecen solo 200 millones de dólares, “se debe investigar donde están los 400 millones de dólares restantes” expresó.
Hernández, planteó además la falta de controles reales de los gastos de las Intendencias, explicando que cuando el Tribunal de Cuentas le pide a las Intendencias que se auditen tareas y gastos, se terminan auditando a sí mismas.
El integrante Control y Participación Ciudadana informó que, además, “se realizaron pedidos de información a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) sobre los 15 millones de dólares destinados en mayo del año pasado a la emergencia en la caminería rural”. En los datos entregados por la OPP, Hernández mostró que en las planillas de registros de trabajos de la Intendencia de Soriano hay varios registros duplicados y hasta triplicados.
Hernández se pregunta “¿la OPP no revisa estos gastos donde se repiten los mismos trabajos, en el mismo camino, la misma longitud y el mismo costo?”.
«La OPP manda el dinero a una caja y no se sabe que destino le dan. Debería haber una trazabilidad. Este tema es gravísimo».
Hernández ejemplificó el estado de los caminos rurales, citando el ejemplo de una productora de San Javier, que “ordeña 90 vacas por día con una producción de 2.000 litros de leche diarios y hay días que no puede sacar la producción porque el camión no entra. A esos lugares no llega la ambulancia, no llegan los bomberos, no llega en muchos casos la policía. Los días de lluvia no puede salir con la camioneta a llevar su hija al liceo, eso es acá a 100 km”.
El senador Carballo indicó que recibe la información y que, al ser funcionario público tiene que realizar la denuncia.
