Creció la preocupación por la inseguridad en el Uruguay, un dolor de cabeza para el gobierno de Luis Lacalle Pou y una pesadilla reciente para la oposición de izquierda. Todo en el comienzo de un intenso año electoral y con un plebiscito para definir si la policía puede comenzar a hacer allanamientos nocturnos o mantiene sin cambios esa regla vigente desde 1830.
Para los uruguayos, la inseguridad cumplió dos años de regreso al tope del ranking de las preocupaciones.
Para el gobierno es un dolor de cabeza porque ganó las elecciones de 2019 con la promesa de poner firmeza en el combate del delito, y aunque haya bajado la cifra, eso no es suficiente y la población tiene una visión crítica de la política de seguridad. Es un dolor de cabeza por hechos criminales que incluso terminan con la vida de niños y han agudizado el nivel de violencia.
Para la oposición es una oportunidad de golpear al gobierno, pero arrastra la pesadilla de ese debate, que fue una de las causas de su derrota en las últimas elecciones y que tuvo los picos más altos de delitos y el tiempo más prolongado de la inseguridad en los sondeos como principal preocupación (11 de los 15 años de su gobierno).
La semana cerró con un hecho que conmovió a la sociedad cuando fueron baleados dos hombres que fueron a comprar pasta base de cocaína acompañados de seis chicos y terminaron muertos el padre, de 22 años, y su hijo, de 2 años.
“Hemos hecho un combate frontal del narcotráfico, porque las cifras creo que en este momento no corren, pero están ahí. Ahora, ¿saben lo que siente uno? ¿El peso que yo siento? Como individuo y como presidente de la república, es una enorme bronca y una enorme frustración. Es impotencia”, dijo Lacalle Pou el viernes pasado, horas después del homicidio.
La persistente violencia contrasta con la visión que tienen los extranjeros que llegan al Uruguay por vacaciones o para residir, y que citan la seguridad como uno de los principales valores. Pero los uruguayos acusan que creció la preocupación debido a los enfrentamientos entre narcos y de más violencia vinculada con las drogas.
Gonzalo Croci, doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por la University College London, dijo en el instituto Ceres que “Uruguay, como todos los países de la región, tiene que adaptar sus instituciones públicas para estar preparadas para enfrentar al crimen organizado”, porque el “sistema de justicia y seguridad está preparado para enfrentar al crimen común” en su versión tradicional.
Agregó que “la violencia es una de las herramientas del crimen organizado”, porque es “como un activo que las organizaciones delictivas utilizan para resolver conflictos internos, reducir los comportamientos desleales o mantener posiciones en el mercado”.
FUENTE: La Nación
