Brasil y Uruguay alzaron la voz contra Argentina en una nueva controversia que sacude al Mercosur y pone en tensión los lazos regionales. La chispa se encendió el 6 de mayo, cuando una reunión sobre derechos humanos, organizada en Buenos Aires por la administración de Javier Milei, terminó en un cruce diplomático con reclamos formales y acusaciones de falta de transparencia.
Una carta enviada por Janine Mello dos Santos, secretaria de Derechos Humanos del gobierno brasileño, expresa de forma contundente las quejas de Brasil y Uruguay, que asistieron al encuentro junto a representantes de Chile. El documento, dirigido a Alberto Baños —recientemente degradado de secretario a subsecretario de Derechos Humanos en Argentina— enumera 18 objeciones que van desde la convocatoria intempestiva del evento hasta la exclusión del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, con sede en la ex-ESMA.
Según la misiva, la reunión incluyó en una única convocatoria temas sensibles como Derechos Humanos, Mujer, Indígenas y Afrodescendientes, sin consulta previa a la sociedad civil ni reuniones preparatorias. “La Presidencia pro témpore hizo imposible que los Estados acordaran democráticamente una agenda común”, sentenció Mello dos Santos, con el apoyo explícito de Brasil y Uruguay.
Los países involucrados calificaron el accionar argentino como un «retroceso» institucional. También criticaron la falta de cortesía diplomática por parte de la delegación anfitriona. Entre los reproches más graves figura la “agenda construida unilateralmente”, incompatible —según Brasil, Uruguay y Chile— con los valores de transparencia y diálogo regional.
El distanciamiento entre la Casa Rosada y sus principales socios del Mercosur amenaza con extenderse hacia la cumbre presidencial prevista para julio, donde se espera que estos temas resurjan con fuerza. La posición crítica de Brasil y Uruguay podría erosionar aún más la confianza en un bloque que ya atraviesa dificultades comerciales y políticas.
Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen el silencio. Ni Baños ni otros funcionarios respondieron públicamente a las acusaciones. En los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores crece la preocupación: lo que comenzó como una disputa técnica amenaza con convertirse en un nuevo frente diplomático abierto para el gobierno de Javier Milei, en un momento donde los equilibrios regionales son más frágiles que nunca.
