Crisis en Comcar vuelve a encender las alarmas sobre el sistema penitenciario uruguayo: con 5.100 reclusos —el doble de su capacidad—, la cárcel de Santiago Vázquez concentra casi un tercio de la población carcelaria del país y simboliza el hacinamiento, la mala alimentación y el acceso limitado a la salud que denuncian organismos nacionales e internacionales. Según los últimos datos expuestos por el diario El País y confirmados por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, Crisis en Comcar se refleja en pasillos atestados y sectores sin ventilación adecuada, lo que agrava la violencia interna y convierte a la zona metropolitana en “una bomba de tiempo”, como advirtió la senadora frenteamplista Bettiana Díaz.
La Crisis en Comcar no es un hecho aislado. El penal comparte el ranking de peores condiciones con la cárcel de Canelones —ubicada 50 km al norte de Montevideo— y el histórico Penal de Libertad, que actualmente aloja a 1.300 reclusos mientras se construyen allí tres nuevas unidades para ampliar la capacidad. A las cifras: Uruguay superó los 16.000 presos, con un 40 % de condenas inferiores a dos años, lo que ubica al país primero en Sudamérica y entre los diez primeros del mundo en privados de libertad por habitante. Petit remarca que la población crece 6 % anual, 18 % en el caso de las mujeres, y calcula que al menos un 10 % de internos —“quizá más”, subraya— podría cumplir medidas alternativas.
Organismos de derechos humanos han reiterado que las malas condiciones actuales son “la fuente de los delitos de mañana”. Mientras tanto, el Ministerio del Interior impulsa la construcción de una cárcel femenina contigua a Punta de Rieles y tres módulos anexos en Libertad, iniciativas que la senadora Díaz critica: “Se está creando una nueva ciudad carcelaria con 3.000 personas; no podemos seguir replicando el modelo Comcar”.
Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. coincide: las condiciones en varias prisiones uruguayas son “malas e inhumanas” debido a hacinamiento, saneamiento deficiente, atención médica inadecuada y altos niveles de violencia. Frente a este panorama, Petit propone un “pacto de Estado” y una reforma integral de la política criminal: reducción de penas cortas con medidas sustitutivas, programas nacionales de educación en cárceles y módulos específicos de salud mental para frenar la espiral de violencia y reincidencia.
Mientras tanto, la vida cotidiana dentro de los muros evidencia que sin una respuesta urgente, la Crisis en Comcar seguirá siendo la cara más cruda de un sistema al límite.
