El gobierno de Javier Milei cuenta con un problema de grandes proporciones con una empresa de origen israelí dedicada a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. Se trata de Navitas Petroleum, con una actividad en el archipiélago que si bien fue cuestionada por la administración libertaria, no recibió nuevas condenas y el CEO de la firma sugirió que el jefe de Estado no ensayó ningún reparo por las operaciones en la zona.
El tema saltó a la luz esta semana cuando incomodó de manera visible al vocero presidencial Adrian Ravier. El martes, en conferencia de prensa, el funcionario reconoció que no estaba enterado de la problemática. De hecho, balbuceó una respuesta escrita en una hoja sobre un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores. Y remató: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería”.
Lo que aparece en superficie es que la compañía es uno de los principales actores de la industria petrolera en las islas cuya soberanía es reclamada por Argentina. Un dato no menor: cuenta con el 65% de participación en el proyecto Sea Lion, uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur, y mantiene vigente una sanción impuesta por el Estado argentino desde 2022, realizada por el gobierno de Alberto Fernández.
Ante esta situación, la gestión libertaria, que posee un alineamiento total con el estado de Israel, operó bajo dos bandas, en plena contradicción. Por un lado, dejó firme el castigo que está plasmado en la Resolución 240/2022 que declaró “clandestinas” las actividades de Navitas e inhabilitó a la firma por veinte años para operar en el país.
La medida se apoyó en la Ley 26.659 y su modificatoria, la Ley 26.915, que prevén inhabilitaciones para compañías que operen en áreas en disputa. La misma normativa alcanzó a otras nueve empresas: Falkland Oil and Gas, Rockhopper Exploration, Borders and Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy Falklands, Chrysaor Holdings y Harbour Energy.
Pero, paralelamente, tampoco avanzó con nuevas disposiciones administrativas o judiciales desde diciembre de 2023. Solo emitió un comunicado a través de la cartera que conduce Pablo Quirno el 11 de diciembre de 2025. En ese texto, que el oficialismo hoy utiliza como escudo protector tal como le señalaron a PERFIL fuentes oficiales, se rechazaron las operaciones vigentes y se mencionó al conjunto de firmas que están en actividad.
Es más: precisaron que no tienen permisos de la autoridad competente nacional “las legítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí,” para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas.
“El rechazo se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas”, añadió Cancillería.
Y dio una promesa que hasta el momento no cumplió. “Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, fueron las palabras.
En Balcarce 50 expusieron, ante la pregunta de este medio, que Quirno se dedicó a hablar en foros internacionales del tema. Específicamente, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por otro lado, no se prevén otras acciones contra un jugador que consiguió gran relevancia en el tablero de la industria y en muy corto tiempo.
Porque Navitas Petroleum fue fundada en 2015 y tiene sede en Herzliya, Israel. Además de oficinas en Houston y Londres, cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y posee un portfolio de 14 activos vinculados al petróleo y el gas. Entre ellos sobresale el de la polémica con el gobierno de Milei, Sea Lion, un yacimiento descubierto en 2010, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El nexo entre Navitas y Sea Lion no es de largo aliento: fue posible entre 2021 y 2022 porque adquirió la participación que Harbour Energy mantenía en el esquema. La compañía británica decidió retirarse del esquema de inversiones por considerar que el activo ya no se ajustaba a su estrategia global. Desde entonces, Navitas pasó a controlar el 65% del emprendimiento, mientras que el 35% restante quedó en manos de la británica Rockhopper Exploration.
En cuanto a sus líderes, la empresa está encabezada por Gideon Tadmor, referente de la industria energética israelí y uno de los impulsores de los descubrimientos de los campos Tamar y Leviathan en el Mediterráneo oriental. El CEO es Amit Kornhauser, exdirector financiero de Navitas y de Delek Energy. De acuerdo con la información pública disponible, no existen argentinos entre sus directivos ni entre sus principales accionistas institucionales.
Sobre Kornhauser, hay un hecho que no pasa desapercibido para entender el complejo rompecabezas de esta historia y la incongruente posición de Milei. En marzo de este año, durante una presentación ante inversores de Navitas, mencionó que escuchó unas declaraciones del jefe de Estado que permitían interpretar que el mandatario respalda el derecho de autodeterminación de los isleños y que no consideraba la cuestión Malvinas como un conflicto político pendiente.
En la misma exposición, Kornhauser sostuvo que la Decisión Final de Inversión del proyecto Sea Lion avanzó “sin ninguna interferencia” del Gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las Islas Malvinas.
A su vez, Ian Ramsey, director del proyecto, afirmó que la firma protagonista fue reconocida como un “operador competente” por las autoridades isleñas y por asesores del Gobierno del Reino Unido. Y no trascendió una respuesta oficial de la Cancillería argentina a esas declaraciones.
Milei tampoco intervino con una réplica. Visitó Israel entre el 19 y el 22 de abril de este año y mantuvo una agenda centrada en encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu, además actividades vinculadas al aniversario de la independencia israelí. En ese itinerario, no hubo registros de reuniones con ejecutivos del sector energético ni menciones específicas al proyecto Sea Lion. A pesar de que el 2 de abril, en el discurso por el aniversario de guerra de Malvinas, calificó las actividades de la iniciativa como “unilaterales e ilegítimas” y prometió “todas las medidas diplomáticas necesarias”.
Fuente Perfil
