30, la academia, la sociedad civil y la industria tecnológica. La primera mesa redonda, celebrada en Montevideo con apoyo de la Unesco y la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic), dio el puntapié oficial a la redacción de un anteproyecto de ley que pretende equilibrar innovación y derechos humanos en el entorno online. El objetivo: garantizar que decisiones algorítmicas, moderación de contenidos y uso de datos respondan a parámetros de transparencia, inclusión y soberanía digital.
El diagnóstico de partida indica que, si bien Uruguay ha avanzado en protección de datos y acceso a la información, las reglas actuales resultan insuficientes para un ecosistema dominado por gigantes como Meta, Google o TikTok. En ese marco, Uruguay busca regular inspirándose en las Directrices para la Gobernanza de Plataformas Digitales (Unesco, 2023), que recomiendan supervisión estatal, participación ciudadana y rendición de cuentas algorítmica. Las autoridades sostienen que cualquier norma deberá blindar la libertad de expresión y, a la vez, impedir prácticas abusivas de recopilación masiva de datos personales.
Durante el encuentro, la subsecretaria de Cultura y Comunicación, Paula González, subrayó que “no se trata de frenar la innovación, sino de ponerla al servicio del bien común”. Por su parte, organizaciones como Data Uruguay y la Red de Responsables de TIC coincidieron en que Uruguay busca regular con un enfoque “por derechos”, priorizando el interés público sobre la lógica puramente comercial. Entre los puntos más debatidos figuraron la creación de un organismo regulador independiente, la obligación de publicar criterios de moderación de contenidos y la exigencia de evaluaciones de impacto algorítmico.
Los expertos señalaron además la necesidad de tutelar a niños, niñas y adolescentes frente a publicidad conductual y desinformación. El abogado digital Julián Fernández advirtió que “sin reglas claras, la opacidad algorítmica erosiona la confianza democrática”. En respuesta, el borrador inicial contempla sanciones graduales para empresas que incumplan la futura ley y prevé mecanismos de reparación para usuarios afectados. Con ello, Uruguay busca regular prácticas como el micro-targeting político y los sistemas de recomendación que amplifican discursos de odio.
El cronograma oficial establece una consulta pública de noventa días y la elaboración del texto definitivo antes de fin de año, para su envío al Parlamento en 2026. Paralelamente, se programarán talleres regionales a fin de incorporar realidades del interior y garantizar una regulación inclusiva. Si el plan avanza según lo previsto, Uruguay podría convertirse en el primer país sudamericano con un marco integral de gobernanza digital basado en estándares internacionales de derechos humanos.
